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Hace 25 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde entonces, millones de niños se han beneficiado de los avances. Cuando los gobiernos, sus asociados internacionales, las empresas y las comunidades han aportado dinero y energía para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención, han salvado y mejorado las vidas de cientos de millones de niños. Aunque la magnitud de los avances han sido profundos en ámbitos esenciales, como la supervivencia infantil, la educación o el acceso al agua potable, hay demasiados niños que aún hacen frente al futuro sin que se hayan resuelto sus necesidades o materializado sus derechos, y con todo su potencial frustrado.

Los países de bajos ingresos siguen albergando concentraciones de pobreza y situaciones de desventaja, pero los niños más pobres viven en países de ingresos medios, que son los países plagados de las mayores desigualdades de ingresos. Aquí, como en otras partes, la privación se concentra de manera desproporcionada en los tugurios urbanos y las zonas rurales remotas, así como entre los grupos marginados, como las minorías étnicas y las personas con discapacidad.

Incluso la seguridad que puede disfrutar un niño cuando llega a este mundo sigue estando sujeta a la lotería del lugar donde nace y la situación de su familia, y esta desigualdad se prolonga a lo largo de la infancia y más allá:

Hay demasiados niños que han quedado excluidos de los avances de los últimos 25 años. El costo de estas desigualdades lo pagan de manera más inmediata, y más trágica, los propios niños. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo afectan a las generaciones venideras, y socavan la fuerza de sus sociedades. De este modo, abordar estas desigualdades y reducir las disparidades no es solamente lo que se debe hacer de una manera correcta –cumpliendo así con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño– si no que es también lo que se debe hacer desde un punto de vista estratégico, que facilite la obtención de avances prácticos.

A medida que la comunidad mundial comienza a configurar el programa para después de 2015, y a actuar en base al mismo, el desmantelamiento de los obstáculos económicos, políticos, institucionales y culturales que se interponen entre los niños y sus derechos debe ser una prioridad central.