Cuando a María, una muchacha de 16 años, la violó una pandilla, no le brindaron asistencia jurídica.

“Fue atacada por ocho muchachos y fue atacada por ocho abogados defensores durante dos semanas”, dijo Renate Winter, miembro del Comité sobre los Derechos del Niño. “No la protegieron; ni siquiera el juez la ayudó”.

El caso de María fue uno de los muchos ejemplos presentados en la Reunión anual sobre los derechos del niño —de todo un día de duración— del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 13 de marzo de 2014, que se concentró en las normas y criterios internacionales sobre el acceso a la justicia para los menores de edad. El objetivo de esa jornada de debate fue “contribuir a la materialización del derecho del niño a la justicia, que es un prerrequisito esencial para la protección de todos los otros derechos humanos de la infancia”.

Hace 25 años, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). La CDN pertenece al grupo de nueve tratados internacionales fundamentales sobre derechos humanos y cuenta actualmente con un total de 194 Estados Parte. El contenido y la adopción de la CDN, y su casi universal ratificación, reflejan la evolución de las actitudes y las percepciones con respecto a los niños y la niñez. Reflejan también la evolución de la condición jurídica de niños y niñas que han pasado de ser meros objetos de los derechos de otras personas (es decir, de los adultos) y de instituciones benéficas, para convertirse en sujetos plenos de sus propios derechos.

La CDN contiene las normas mínimas internacionales en relación a los derechos humanos de niños y niñas y las correspondientes obligaciones del Estado de respetar y garantizar estos derechos. Al Conmemorar el 25º aniversario de la CDN hay mucho que celebrar, desde la disminución de la mortalidad infantil hasta el aumento de la matrícula escolar y la creación de mejores oportunidades para las niñas, pero también hay muchas cosas que no dan pie a celebraciones. Muchos niños han quedado aún más a la zaga y los “antiguos retos se han combinado con nuevos problemas para privar a muchos niños y niñas de sus derechos y de los beneficios del desarrollo”. Este ensayo aborda un “antiguo reto” –y, desafortunadamente, uno que sigue siendo un reto importante– en la realización de los derechos de la infancia: el garantizar a los niños el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia se define como la posibilidad de obtener una justa y oportuna reparación a las violaciones de derechos tal como se proponen en las normas y criterios nacionales e internacionales, incluida la CDN. En esencia, significa que todas las personas deben tener la posibilidad de hacer reclamos y de exigir responsabilidad cuando no se respetan sus derechos. Para niños y adultos por igual, el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y, además, un prerrequisito esencial para la protección y promoción de todos los otros derechos.

En el ejercicio y disfrute del derecho al acceso a la justicia, los niños se enfrentan a los mismos obstáculos que los adultos, tales como la falta de conciencia respecto a sus derechos, la carencia de información sobre cómo exigir reparaciones en el maco de sistemas de justicia frecuentemente complejos, distantes, indignos de confianza e incluso débiles; la incapacidad de afrontar costos legales y el temor al estigma social. Sin embargo, la condición especial y dependiente de los niños presenta dificultades añadidas, entre ellas problemas relacionados con la falta de capacidad legal para hacer denuncias o iniciar procedimientos jurídicos. Los niños pobres y marginados están en particular desventaja.

En muchos países, los sistemas de justicia están concebidos para los adultos y no para atender las necesidades y derechos de los niños. No cuentan con jueces, fiscales o investigadores especializados en manejar casos que impliquen a menores de edad. Incluso victimizan a niños y niñas por segunda vez y generan daños mayores. Las niñas víctimas de violencia sexual son tratadas como perpetradoras más que como víctimas de delitos. A los niños acusados de cometer delitos los mantienen en detención durante meses antes del proceso, o incluso por más tiempo, y tienen poco acceso a la asistencia jurídica. Hay niños sujetos a custodia de la policía o en detención acusados de vagabundeo, merodeo o “delitos relativos a la condición”–conducta que no sería delictiva si fuese cometida por un adulto– en lugar de recibir cuidado y protección adecuados. A pesar de estas graves violaciones a los derechos del niño, el garantizar a niños acceso a la justicia rara vez se toma en cuenta en las estrategias que tratan de las iniciativas para reformar la justicia y el estado de derecho.

Tal como lo ha expresado tan acertadamente el Comité sobre los Derechos del Niño, “para que los derechos tengan sentido, debe disponerse de remedios efectivos para reparar las violaciones”. Conforme a la CDN, los Estados Parte están obligados a garantizar la existencia de procedimientos efectivos y adecuados a las necesidades de los niños y sus representantes. Estos procedimientos deben incluir el suministro de información adecuada a las necesidades del niño, asesoría, defensa social, procedimientos independientes para la tramitación de denuncias y acceso a los tribunales con la necesaria ayuda jurídica y de cualquier otro tipo. Allí donde se encuentre que los derechos han sido vulnerados, debería haber una adecuada reparación, incluida la compensación monetaria y, cuando fuere necesario, medidas para promover la recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la reintegración.

El Comité sobre los Derechos del Niño ha hecho hincapié en que es esencial que la legislación nacional establezca derechos lo suficientemente detallados para posibilitar que las compensaciones por incumplimiento resulten efectivas, tanto en lo que respecta a derechos civiles y políticos como a económicos, sociales y culturales. A los niños y niñas también se les debe proporcionar acceso a mecanismos regionales e internacionales, incluido el Protocolo Facultativo de 2011 de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, que entró en vigor el 14 de abril de 2014.

Según Anne Grandjean y otros expertos, garantizar el acceso a la justicia para los niños exige esfuerzos al menos en dos niveles: crear un sistema de justicia adaptado a las necesidades de los niños (“oferta”) y ofrecer información y apoyo a niños para que reclamen sus derechos y obtengan reparaciones, poniendo especial atención en los niños y niñas más excluidos y de más difícil acceso (“demanda”).

En su revolucionario informe “Ningún derecho sin responsabilidad: promover el acceso a la justicia para los niños”, de 2010, Anne Grandjean afirma que hay iniciativas innovadoras y prometedoras en el lado de la demanda. Tales iniciativas están descentralizadas y localizadas en zonas donde viven los niños y niñas más pobres y pertenecen y están dirigidas por comunidades. Estas iniciativas son multidisciplinarias e implican a un gran número de asociados, entre ellos a organizaciones de la sociedad civil. Responden a una necesidad particular y llenan un vacío en un sistema de justicia oficial débil o deteriorado. Se ajustan a las políticas y la promoción generales, y forman parte de un enfoque sistemático.

“Para todo derecho, hay una corrección; donde no hay corrección, no hay derecho”, es una máxima legal de la jurisprudencia inglesa y estadounidense.”

Los centros de “defensa socio-legal”, de requisitos mínimos y basados en la comunidad, de las secciones nacionales de la Internacional para la Defensa de los Niños constituyen un ejemplo de tales iniciativas. Los niños y sus familias, o ambos –incluidos los menores de edad en conflicto con la ley, y niños víctimas de abuso, explotación y violencia– acuden a los centros en busca de consejo y ayuda del personal, compuesto por abogados y asistentes sociales. Estos profesionales proporcionan asesoramiento y ayuda inmediatos, o remiten a los niños y niñas y a sus familias a servicios psicosociales, médicos, jurídicos o de otro tipo, según sea necesario. Este enfoque conlleva reunir a todos los participantes y poseer líneas de remisión claras.

Los centros del IDN-Sierra leona, por ejemplo, están localizados en sus oficinas comunitarias a lo largo del país. Aunque dirigidos por el IDN-Sierra leona, los centros están vinculados con mecanismos comunitarios tales como los Comités de Bienestar del Niño, los líderes, los tribunales, los hospitales y centros de salud locales, y los puestos de policía o las unidades de apoyo a la familia de la Policía de Sierra Leona. Estos mecanismos forman la red de remisión y hacen que la labor de los centros tenga éxito.

Los centros del IDN-Palestina ofrecen consultas jurídicas a menores de edad y sus familias, así como representación legal. Estos centros se concentran en tres grupos de niños, a saber: niños en el sistema militar de Israel (por ejemplo, niños arrestados, detenidos y encarcelados por presuntos delitos conforme a la ley de la ocupación militar israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza); niños en conflicto con la ley (es decir, niños de los que se presume la comisión de infracciones del código penal, o a los que se les acusa de estas infracciones o incluso aquellos que reconocen haber delinquido) y niños víctimas de abuso, explotación y violencia, que caen bajo la jurisdicción palestina.

En el “lado de la oferta”, el Consejo de Europa adoptó en 2010 las “Normas de Justicia Apta para los Niños”, un instrumento práctico no vinculante para ayudar a los estados europeos a establecer sistemas de justicia que respondan a las necesidades específicas de niñas y niños, con un punto de vista que garantice el acceso efectivo y adecuado de los niños a la justicia y a ser tratados justamente. Las normas se basan en un enfoque integrado y se aplican a procedimientos judiciales y no judiciales en cualquier ámbito (civil, administrativo o penal). Conforme a estas normas,  la “justicia apta para niños” se refiere a los sistemas de justicia que garanticen el respeto y la efectiva puesta en práctica de los derechos de todos los niños y niñas. Es de justicia que sea “accesible, adecuada a la edad, expedita, diligente, adaptada y orientada a las necesidades y derechos del niño, respetando los derechos del niño, incluidos los derechos al debido proceso, a participar en los procedimientos y a entenderlos, a respetar la vida privada y familiar, así como la integridad y la dignidad”.

“Para todo derecho, hay una corrección; donde no hay corrección, no hay derecho”, es una máxima legal de la jurisprudencia inglesa y estadounidense. Como bien nos hicieron recordar los debates de la reunión anual sobre los Derechos del Niño del Consejo de Derechos Humanos, la cruda realidad es que tales correctivos aún no existen para la mayoría de los niños y niñas del mundo. Citando las palabras de Renate Winter, ellos, al igual que María, no están protegidos.