En ocasiones se nos presenta la innovación en términos dicotómicos: innovación moderna, de base científica, para los mercados prósperos, e innovación barata e ingeniosa para las comunidades pobres.

Esta dicotomía encierra parte de verdad: el desfase expresado en la proporción “10/90”, que alude al estado de la investigación y el desarrollo en materia de salud, refleja hasta qué punto la investigación actual sobre la salud se consagra a los problemas de una minoría mundial acomodada, ignorando la carga de enfermedad que se cierne sobre el 90% de los pobladores del planeta, según se manifestó en el foro mundial de investigaciones de la salud. Pero esta situación no es en absoluto inevitable ni natural, y no tenemos por qué aceptarla: el poderío de la ciencia y de la tecnología moderna puede ponerse directamente al servicio de la igualdad social y contribuir en particular a mejorar las vidas de los niños y niñas.

Hacer que la innovación esté al servicio de la igualdad implica, en parte, cambiar la orientación actual de los programas para la investigación y la innovación. Esto es tan importante como difícil, si consideramos la urdimbre de poder e intereses en la que estos programas se insertan. En este contexto de poder e intereses hay diversos aspectos implícitos: el poder –y el dinero– dirigen los programas de investigación hacia áreas específicas, determinan qué campos de investigación reciben el apoyo y qué resultados se publican.

Para las pequeñas comunidades científicas de los países en desarrollo, la presencia de estas estructuras de poder e intereses resulta abrumadora. Por supuesto que es muy importante formar parte de la comunidad científica internacional, pero con demasiada frecuencia el precio que se paga por ello es el alejamiento de los problemas que realmente afectan a las poblaciones indígenas, que pocas personas fuera de la comunidad científica local son capaces de abordar, sea por falta de interés o de formación. Crear nuevos tipos de incentivos encaminados a legitimar y a dar cabida a unos “programas inclusivos para la investigación y la innovación” es, por consiguiente, fundamental.

Un enfoque complementario es replantearnos el modo de entender la innovación. La idea es sencilla: la innovación consiste en solucionar problemas en un contexto determinado. En contextos de abundancia, en los que las personas y los gobiernos pueden pagar precios elevados, la heurística que impulsa la búsqueda de soluciones será distinta que en los contextos de escasez. También los resultados diferirán. La cuestión es que en contextos de escasez han surgido innovaciones que han aportado soluciones eficaces y considerablemente más económicas o más adecuadas que las soluciones “ortodoxas”.

En los países en desarrollo, la capacidad para innovar en condiciones de escasez es extraordinaria, porque nace de la pura necesidad. Pero es a la vez bastante invisible, ya que nuestros métodos habituales de medir la innovación no la tienen en cuenta, y hasta los mismos innovadores, al comparar lo que hacen con las innovaciones más prestigiosas de los contextos más prósperos, son reacios a considerar sus logros como verdaderas innovaciones. Aprovechar esta potencia innovadora instaurando unas políticas concretas podría impulsar innovaciones inclusivas que contribuyan a promover la igualdad social.

Las innovaciones que surgen de la escasez tienen capacidad potencial para generar soluciones muy adecuadas que permitan llegar a los niños más pobres y abordar los problemas concretos que les afectan. A continuación figuran cuatro ejemplos de innovaciones inclusivas surgidas de contextos de escasez:

¿Cómo puede movilizarse la capacidad para innovar en condiciones de escasez? ¿Cómo puede aprovecharse la fuerza de la ciencia y la innovación para mejorar las vidas de los niños y niñas y para promover la igualdad social? La primera sugerencia es entender las políticas de innovación como políticas sociales. Esto significa que los programas para la innovación, y los criterios por los que se evalúan las innovaciones, se dirigirían de forma explícita a solucionar problemas en el ámbito de la política social, en particular los problemas que privan a los niños y niñas desfavorecidos de una vida mejor.

Por lo general, las políticas sobre innovación están vinculadas a los programas de empresas privadas cuyo principal interés es mejorar la productividad y la competitividad de un país; esto es, promover el crecimiento económico. El crecimiento, si bien es muy importante y contribuye a la inclusión social mediante la creación de buenos puestos de trabajo en el sector formal, no es una vía muy directa ni muy eficaz de vincular la innovación con el bienestar.

Si algunas políticas de innovación se emplearan directamente para mejorar la calidad de vida de los que se quedan atrás –por ejemplo, proveyendo bienes públicos de calidad–, es más probable que originaran soluciones adecuadas en cuanto a precio, infraestructura requerida y capacidad para solucionar problemas autóctonos. Las “políticas de innovación entendidas como políticas sociales” son aquellas políticas de innovación cuyo objetivo es dirigir la fuerza del conocimiento y la capacidad para solucionar problemas precisamente hacia la resolución de algunos de los lastres que afectan a las poblaciones más vulnerables.

Pero, en un país cualquiera, ¿dónde se encuentran quienes mejor conocen los problemas que sufren las poblaciones rezagadas? Este conocimiento por lo general reside en las políticas sociales. Y aquí viene la segunda sugerencia: entender también las políticas sociales como políticas de innovación, lo cual desplaza la demanda de soluciones hacia la capacidad para innovar en condiciones de escasez, una facultad que todos los países en desarrollo poseen. Esto no suele ser el caso, ya que con frecuencia vemos políticas sociales de los países en desarrollo –y no sólo éstos– lastradas por la enorme cantidad de recursos que se precisan para poner en práctica soluciones caras que han sido concebidas en contextos más prósperos. Así ocurrió recientemente en el Brasil, en el ámbito de la salud. Una política gubernamental instaurada en 2003 con el propósito de ampliar el acceso a los servicios de salud hizo que el déficit del presupuesto sanitario se disparara como consecuencia, sobre todo, de la importación de equipos médicos y medicamentos, alcanzando la cifra de 10.000 millones de dólares en 2010. Para superar esta barrera a la expansión de una política sanitaria inclusiva, el Gobierno puso en marcha un programa de innovación endógena en el ámbito sanitario con el propósito de sustituir las importaciones por producción autóctona.

Una tercera sugerencia, vinculada a las dos primeras, es unificar los programas separados de las políticas de innovación y las políticas sociales, tomando como punto de partida los problemas más graves que afectan a la infancia. Aunque que en este caso es más fácil decir que hacer, es posible adoptar medidas en esa dirección. Una primera medida sería incluir de forma explícita cuestiones relacionadas con la inclusión social en el programa para las políticas de innovación. Muchos países de América Latina –el Brasil, Colombia y el Uruguay– han comenzado a hacerlo, y destacadas organizaciones de ámbito internacional como la OCDE y la UNCTAD están adoptando ya medidas encaminadas a innovar en pro de un crecimiento inclusivo. A partir de ahí, es posible avanzar hacia un programa de políticas sociales que logre movilizar la innovación endógena. Y llegado ese punto, puede que la colaboración y la coordinación entre estas esferas políticas se conviertan en una práctica sistemática. ¿Por qué no apostar todo a una estrategia así, con la que todos ganan?