No hay duda de que la educación es un elemento clave para mejorar las vidas de la infancia, las familias, las comunidades y las naciones. Los países que velan por el bienestar de sus niños y niñas tienen más probabilidades de que su economía, su cultura y su sociedad mejoren con el paso del tiempo. Los países que no se ocupan de sus jóvenes experimentarán un estancamiento económico, la pobreza y la opresión. La educación, en suma, es un componente fundamental del desarrollo económico y social.

Cualquier debate sobre la educación deberá partir de la verdad clara y evidente de que todas las naciones deben procurar unas condiciones óptimas en las que los niños puedan nacer sanos. Todas las mujeres embarazadas deberían tener acceso a unos cuidados prenatales de calidad. La Organización Mundial de la Salud, March of Dimes y cerca de 50 organizaciones más elaboraron en 2012 un informe acerca de la importancia de la atención prenatal para asegurar la salud de los recién nacidos. En ausencia de unos cuidados prenatales, muchos bebés morirán y muchos nacerán con dificultades cognitivas debido a la falta de atención sanitaria y a una nutrición deficiente. Un comienzo saludable en la vida es crucial para todo el ciclo educativo que viene a continuación.

En lo que respecta a abordar las necesidades de los niños y niñas del mundo, es indiscutible –o tendría que serlo– que todos los niños y niñas deberían tener acceso a la educación, sin importar su género, su religión, o si padecen o no discapacidad. La meta más básica es el acceso universal a la educación primaria, que, una vez alcanzada, debería ir seguida del acceso a la educación secundaria. Al mismo tiempo, los países deben asegurar que los docentes estén bien capacitados y cuenten con una buena educación, y que la escolarización se lleve a cabo en unas estructuras materiales sólidas, incluyentes y bien mantenidas.

Más allá de las necesidades básicas de acceso universal, de un profesorado bien formado y de unas estructuras físicas adecuadas, a escala internacional hay diferencias y debates importantes acerca de cuál es la mejor forma de mejorar la educación escolar.

En la actualidad existen dos paradigmas contrapuestos para abordar esta cuestión fundamental. Uno se centra en satisfacer las necesidades de los niños y niñas y en asegurar que disfruten de todas las oportunidades para cultivar sus talentos, sus intereses y su humanidad completa. El otro se basa en los exámenes, en las tablas de clasificación, en la competitividad y en la elección de escuela.

“Los exámenes no son un medio para alcanzar la equidad. Son un medio para medir la desigualdad.”

Finlandia es en la actualidad un ejemplo representativo del primer paradigma. El objetivo que Finlandia persigue es proporcionar buenas escuelas en todo el país. Los alumnos no realizan ningún examen estandarizado hasta que finalizan el ciclo superior y solicitan su ingreso en la universidad. Los estudiantes pueden escoger entre un programa académico o un programa de formación profesional, conservando en todo momento la opción de cambiar de uno a otro. La meta de la educación finesa es lograr el desarrollo pleno de todos los niños y niñas.

En los Estados Unidos, entre muchos otros países, se sigue actualmente un programa que se basa en los exámenes y en la elección de escuela. Las pruebas estandarizadas tienen por finalidad clasificar y calificar a los niños, porque se supone que la publicación de las puntuaciones obtenidas animará a los educadores y a los estudiantes a esforzarse más y lograr mejores resultados. Además, el gobierno federal exige a las escuelas que evalúen la calidad de los profesores en relación a la puntuación que obtienen sus alumnos en las pruebas. Con esto se hace un mayor hincapié en los exámenes estandarizados como instrumentos para clasificar y calificar no sólo a los estudiantes sino también a los profesores, a los directores y a las escuelas. La teoría que subyace a este proceder es que la competitividad propicia puntuaciones más altas y un mejor rendimiento. Se supone que los educadores se esforzarán más si reciben incentivos y amenazas, y que las escuelas, espoleadas por la amenaza de un posible cierre si no obtienen puntuaciones más altas, se animarán a competir para obtener calificaciones mejores.

A estas alturas ya está claro cuál de estas dos rutas tiene más probabilidades de conducir a la igualdad para la infancia.

El hincapié en los exámenes estandarizados origina desventajas enormes para los niños y niñas que viven en la pobreza. La experiencia de un siglo de pruebas estandarizadas ha dejado claro que esta práctica no hace sino reproducir y reflejar el orden social. Aunque de vez en cuando haya niños y niñas de entornos pobres que obtienen puntuaciones altas debido a su inteligencia extraordinaria o a su esfuerzo, o a ambos, los resultados de las pruebas estandarizadas invariablemente dibujarán una curva en forma de campana en la que los niños y niñas pobres predominarán en la mitad inferior de los examinandos, mientras que los niños y niñas de entornos prósperos predominarán en la mitad superior de la escala. Así pues, los exámenes no son un medio para alcanzar la equidad. Son un medio para medir la desigualdad.

En 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una propuesta de ley denominada “Que ningún niño quede rezagado”, que se convirtió en ley en enero de 2002. La teoría que seguía esta ley era que la práctica de exámenes anuales de tercero a octavo grado originaría calificaciones más altas, y con el tiempo todos los alumnos irían bien en la escuela. Por tanto, si la teoría de la ley era correcta, “ningún niño” quedaría “rezagado”. La ley establecía que para 2014, el 100% de todos los alumnos de tercero a octavo grado debían de obtener la calificación de competentes en matemáticas y lectura.

La ley fue un fracaso. Ni uno solo de los 50 estados de la nación ha alcanzado la meta del 100% de alumnos competentes. En numerosas escuelas se ha reducido el plan de estudios eliminando las humanidades u otras disciplinas para dedicar más tiempo a la preparación de los exámenes. Miles de millones de dólares, literalmente, se han sustraído de la formación para aplicarlos a estas pruebas. Pese a que se insiste más que nunca en preparar a los alumnos para las pruebas estandarizadas, no hay indicio alguno de que los niños y niñas estén mejor educados, sean más capaces de pensar de manera independiente, sean más creativos, o estén más preparados para afrontar las vicisitudes de la vida de forma meditada. Por supuesto, es importante señalar que ninguno de los indicadores de una mejor educación, como la creatividad y la capacidad de reflexión, puede medirse con una prueba estandarizada. Y, sin embargo, el programa “Que ningún niño quede rezagado” se ha ampliado con un nuevo proyecto llamado “Carrera hacia la cima”, que se basa también en pruebas estandarizadas.

Lo que es evidente es que las pruebas estandarizadas no han contribuido en nada a reducir la desigualdad ni a mejorar la suerte de los niños, las niñas y las familias pobres. El nivel económico y educativo de las familias continúa siendo el determinante más seguro de la puntuación en los exámenes estandarizados.

Otra estrategia que emplea el gobierno federal es la elección de escuela. El objetivo es animar a los estudiantes a que asistan a escuelas financiadas con dinero público, y gestionadas por empresas privadas (lo que se conoce como escuelas “de alquiler”). Algunos estados han aprobado el uso de vales educativos cuyo propósito es permitir que los estudiantes utilicen fondos públicos para asistir a escuelas religiosas privadas.

La elección de escuela es un eufemismo para la privatización. Los indicios recogidos hasta la fecha muestran que la privatización alienta la segregación por motivos de ingresos, raza, religión y clase social. Pese a que los partidarios de las escuelas “de alquiler” y del sistema de vales educativos afirman que la meta que persiguen es la igualdad, no ha sido éste el resultado habitual. Dado que las escuelas de gestión privada compiten con las públicas, suelen llevarse a los estudiantes más capaces de las comunidades más pobres, incrementando así la carga para las escuelas públicas. Las escuelas de gestión privada tienden a excluir a los estudiantes que padecen discapacidades graves y a los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés, y se reservan el derecho de expulsar a los alumnos que no se adhieran a sus estrictas normas. La consecuencia de esto es un sistema escolar dual, que está financiado con dinero público pero que opera bajo normas muy distintas. El sector privatizado puede escoger libremente a sus alumnos, mientras que el sector público debe aceptar a todos los estudiantes, incluso aquéllos que han sido expulsados del sector privado.

Está claro el camino que el mundo debe seguir para mejorar las vidas de todos los niños y niñas: necesitan buena salud y una buena nutrición. Necesitan tener la oportunidad de asistir a escuelas donde haya profesores capacitados y que reúnan unas condiciones materiales óptimas para la enseñanza y el aprendizaje. Necesitan formar parte de un programa de estudios que incluya las humanidades, las ciencias, las matemáticas, la historia, el conocimiento cívico, la literatura, lenguas extranjeras y educación física.

La educación debe considerarse como una responsabilidad pública, no como una oportunidad para los empresarios. El gobierno, al igual que es responsable de la seguridad pública y de la protección del medio ambiente y del agua, es responsable de asegurar una educación sólida para todos los niños. Los gobiernos deben proporcionar, proteger y financiar una educación pública, esforzándose a un tiempo por mejorar las vidas de las familias y por combatir la pobreza. No hay otra forma de asegurar la igualdad para la infancia y para las sociedades.